Beverly era una estudiante del último curso de la escuela secundaria cuando su novio comenzó a maltratarla. Como la mayoría de los maltratadores, al principio era bueno, pero pronto se transformó en celoso y controlador. Con el tiempo, la aisló de sus amigos y comenzó a someterla a malos tratos físicos. Cuando Beverly comenzó la universidad, él la hacía llamarlo al iniciar cada clase y mantener la llamada activa todo el tiempo para que él pudiera supervisar con quién hablaba ella. Con el tiempo, la vigilancia telefónica se extendió a otros momentos del día, hasta que llegó a supervisarla las veinticuatro horas, los siete días de la semana, escuchando incluso cuando ella dormía de noche.
Después de salir juntos durante unos meses, Beverly se enteró de que estaba embarazada. Su maltratador prometió cambiar, pero no lo hizo: los malos tratos continuaron. Un día, los malos tratos llevaron a Beverly al hospital, y se armó de valor para abandonarlo al día siguiente. Pero a esa altura, ya había sufrido mucho trauma y angustia durante el embarazo que terminó en un parto prematuro.
Meses más tarde, Beverly se enteró de que su maltratador y amigos de él estaban publicando amenazas violentas contra ella en las redes sociales. Temiendo por su seguridad y la de su hijo, solicitó una orden de restricción. Sin embargo, el tribunal de primera instancia dictaminó que Beverly no necesitaba protección porque había esperado 5 meses desde la última instancia de malos tratos físicos para solicitar una orden de protección. Además, el tribunal afirmó incorrectamente que las órdenes de restricción por violencia doméstica no se extienden a los sobrevivientes de malos tratos no físicos.
Pero Beverly no se dio por vencida. Pidió ayuda al Family Violence Appellate Project (El proyecto de apelación de violencia familiar), y a Los Angeles Center for Law and Justice (Centro de Derecho y Justicia de Los Ángeles) para apelar la decisión y obtener la protección que necesitaba para ella y su hijo. El FVAP ganó el caso, y el Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia del tribunal de primera instancia, otorgando a Beverly una orden de restricción contra su maltratador. Finalmente, Beverly tuvo la seguridad, la justicia y la tranquilidad que merecía.
Este caso fue importante no solo para Beverly, sino también para los sobrevivientes de todo California. Demasiados tribunales de California basan sus decisiones de órdenes de restricción en el tiempo transcurrido desde el hecho de los malos tratos físicos y, en muchos casos, el límite es solamente 2 semanas. Pero la decisión del Tribunal de Apelaciones en este caso sentó un precedente jurídico vinculante nuevo que puede ser citado por los abogados y sobrevivientes de malos tratos en todo el estado.
