Jennifer acudió al FVAP con miedo por su seguridad y la de su familia.
Acabada de enterarse de que su exmarido maltratador había apelado la orden de restricción por violencia doméstica emitida a favor de ella en 2013 para protegerla a ella misma y a sus dos sobrinas en contra de él. Jennifer, como la mayoría de los sobrevivientes, no podía pagar a un abogado privado que la defendiera en el nivel de la apelación (porque las apelaciones a menudo tardan meses o incluso años, y generalmente cuestan decenas de miles de dólares) y temía que esto tuviera como consecuencia la revocación de la orden de restricción.
La orden de restricción se emitió originariamente porque su exmarido la acosaba con contactos repetidos y no deseados (mensajes de texto, mensajes de correo electrónico, cartas escritas a mano, regalos no deseados) meses después de haber llegado a un acuerdo de divorcio. Para disuadir el acoso de él, Jennifer se mudó a otro condado, cambió el número de teléfono, intentó bloquear sus repetidos mensajes de texto, cambió repetidamente su dirección de correo electrónico y tomó otras medidas para intentar tener paz y seguridad. Sin inmutarse, el maltratador siguió acosándola y ciberacechándola repetidamente.
Él me acosa como promedio una vez por semana,” testificó ella.
Finalmente, Jennifer descubrió a través de una amiga mutua que su maltratador le había robado una llave de su casa, le hackeaba regularmente las cuentas de correo electrónico y, por primera vez, había comprado municiones para un arma que él tenía desde hacía muchos años. Dadas las afirmaciones de Jennifer del comportamiento violento, amenazante e intimidatorio de él antes y durante el matrimonio, estos hechos hicieron que ella temiera por su seguridad y la de su familia.
Jennifer solicitó una orden de restricción para protegerse a sí misma y a sus dos sobrinas. Incluso sin afirmaciones de amenazas ni violencia, el tribunal emitió la orden de restricción, confirmando el hecho de que los malos tratos domésticos tienen muchas formas, y que los sobrevivientes merecen la protección contra todas esas formas. Cuando el exmarido apeló esta orden, el FVAP representó a Jennifer en su defensa contra la apelación, y ganó. El Tribunal de Apelaciones decidió ratificar la orden de restricción de Jennifer, enviando otro firme mensaje de que los malos tratos no físicos son graves y deben detenerse.
Este caso es sumamente importante porque muchos tribunales de primera instancia, hasta hoy, solo reconocen los malos tratos domésticos cuando hay violencia física. Este es un caso que ahora los tribunales de primera instancia de toda California pueden usar para afirmar que los malos tratos tienen muchas formas, y que los sobrevivientes merecen protección contra todas las formas de malos tratos.
